A
mi entender este es un documento que había que publicarlo mucho antes, ya van
40 muertes, la CEV debe llamar las cosas como son, sin tener miedo a un gobierno
que asesina y maltrata a la población que lo adversa como si no fueran
venezolanos.
En
el documento se habla claramente de la responsabilidad directa del gobierno en
la delicada situación que vive nuestro país. Ahora la CEV debe aguantar firmemente la arremetida del gobierno por la publicación de este documento, nuestra
Iglesia siempre debe estar del lado de los que sufren y son torturados y no del
lado de los que engañan, asesinan y maltratan a su pueblo.
Comunicado
de la CEV: Responsables de la paz y el destino democrático de Venezuela
RESPONSABLES
DE LA PAZ Y EL DESTINO DEMOCRÁTICO DE VENEZUELA
Caracas,
02 de Abril 2014
1.
La crisis que desde el pasado 12 de Febrero vive Venezuela es sumamente grave
tanto por su magnitud, ya que abarca dimensiones diversas de la vida nacional,
como por su duración, violencia y nefastas consecuencias para nuestro presente
y nuestro futuro. Por tal motivo, los Obispos de la Presidencia de la
Conferencia EpiscopalVenezolana queremos dirigirnos de nuevo a todos los
venezolanos, cualquiera sea su simpatía política.
2.
Causa
fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y
autoridades de la República de implantar el llamado “Plan de la Patria”, detrás
del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte
totalitario, que pone en duda su perfil democrático; las restricciones a las
libertades ciudadanas, en particular, la de información y opinión; la
falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y
ciudadana; los ataques a la producción nacional, que ha conducido a que en nuestro
país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos; la brutal
represión de la disidencia política; el intento de “pacificación” o
apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión
física.
3.
Los
estudiantes y otros manifestantes pacíficos, ejercen su legítimo derecho,
previsto en la Constitución, y merecen, por tanto, todo respeto. Las
manifestaciones se han visto a veces empañadas por actos de violencia que han
dejado muertos, heridos y destrozos en instituciones y propiedades. Es difícil
señalar el origen de todos ellos, pero es evidente que muchas acciones
delictivas son originadas por personas o grupos infiltrados con el objeto de
tergiversar o desacreditar las protestas y provocar su condena. El empleo
de barricadas y el ataque hacia personas
e instituciones, así como la quema de vehículos particulares y de
servicio público, situación que no se debe aceptar ni aplaudir.
4.
Reiteramos
nuestra firme exigencia de que el Gobierno desarme a los grupos civiles
armados. Su actuación coordinada, siguiendo unos patrones determinados,
demuestra que no se trata de grupos aislados o espontáneos, sino entrenados
para intervenir violentamente. En muchos casos han actuado impunemente bajo la
mirada indiferente de las fuerzas del orden público, por lo cual la
actuación de éstas ha quedado seriamente cuestionada.
5.
Lamentamos los asesinatos de civiles y de Guardias Nacionales ocurridos en las
manifestaciones. Queremos recordar que el valor de la vida es absoluto y Dios
lo protege con el quinto mandamiento. De igual modo rechazamos la
criminalización de la protesta ciudadana y la negación práctica de los derechos
humanos en el trato a los manifestantes. Denunciamos la abusiva y desmedida
represión contra ellos, las torturas de que han sido objeto muchas de las
personas detenidas y la persecución judicial a los Alcaldes y Diputados
contrarios al oficialismo.
6.
La
restricción de la información tanto en la prensa como en los medios
radioeléctricos atenta contra el derecho del pueblo a estar bien informado y
también contra la posibilidad de que se conozca la verdad de los hechos y se
sancione a los culpables. Sin determinar la verdad será imposible
lograr la paz. Una "Comisión de la Verdad" que sea plural y que
genere confianza en los ciudadanos, puede ser una gran ayuda.
7.
El
desabastecimiento, la carestía de la vida, la inseguridad y las restricciones
en la venta de gasolina, más notables en el interior del país y en las zonas
fronterizas, se traduce en angustia y malestar creciente de la población.
A esto se añade que no pocas personas inescrupulosas, amparados en la crisis
que atraviesa la nación, se han dedicado a especular con los bienes y
servicios, que han subido a precios exorbitantes. Si no se toman los necesarios
correctivos a estas situaciones, ellas serán una chispa que seguirá encendiendo
la violencia.
8.
El
Gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza. La represión
no es el camino. Con ella no ha podido evitar las manifestaciones de protesta
ni dar respuesta al descontento y la rebeldía de la gente. La salida de
la crisis es clara: el diálogo sincero del Gobierno con todos los sectores del
país, con una agenda previa y condiciones de igualdad, y con gestos concretos,
evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria rectificación. Consideramos oportuna y de
gran valor la participación de la Santa Sede en el diálogo entre el Gobierno y
la oposición. El pueblo venezolano apreciará en sumo grado dicha participación
y sabrá reconocer el valioso aporte de la Iglesia.
9.
Hacemos un llamado a todos los venezolanos, especialmente a los dirigentes del
Gobierno y de la oposición, a considerar la extrema gravedad del momento
presente, y a evitar que el país se siga desangrando y se derrumbe por la
violencia. Más aún, los exhortamos al dialogo y a poner todo su esfuerzo por
construir nuevas relaciones basadas en el mutuo reconocimiento, la
reconciliación y la búsqueda de la normalización de la situación nacional.
10.
La fe cristiana bien entendida nos exige a todos los creyentes
responsabilizarnos del destino del país, no permanecer indiferentes sino más
bien involucrarnos en la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la
libertad y la democracia. Nadie que viva en Venezuela debe decir que no le
interesa o preocupa la violencia y las muertes que están aconteciendo en
ciudades y pueblos. Todos, sin excepción, somos responsables de la libertad, la
paz y el destino democrático de nuestra Patria.
11.
Inspirados en la Palabra de Dios, todos los creyentes en Cristo tenemos que
asumir decididamente el servicio de la reconciliación. Aprovechando la Cuaresma
y la próxima Semana Santa, los sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos en
acciones pastorales y los Obispos contribuiremos a edificar la paz desde la
verdad y la caridad, pues a la Iglesia le corresponde ser el ámbito de la
comunión donde todos podremos encontrarnos asumiendo razonablemente nuestras
diferencias. Como enseña San Pablo, nos toca derribar todo muro de división.
Cristo es nuestra paz (Ef 2,14)
12.
Nos solidarizamos con la población de las ciudades que más han sufrido la
violencia y los efectos de la militarización. Particularmente con los habitantes
de San Cristóbal. Invitamos a todos los católicos a ofrecer a Dios el AYUNO del
próximo VIERNES SANTO EN SOLIDARIDAD con todas las familias que lloran a sus
seres queridos, pidiendo para ellas consuelo, esperanza y fortaleza espiritual.
13.
Invitamos a todos los ciudadanos, independientemente de su simpatía política, a
unirnos como venezolanos, a superar el odio y la violencia, a evitar falsos
rumores e informaciones que producen zozobra en la población y a comprometernos
con Dios a resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Ponemos estas
intenciones en las manos amorosas de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de
Venezuela.
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